5 preguntas sobre la Ley de Residuos Sólidos

Con la puesta en vigencia de Ley 225-20 de Gestión Integral y Co-Procesamiento de Residuos Sólidos se crea un nuevo marco legal que servirá para prevenir la generación de residuos en el país. En esta pieza legislativa se establecen incentivos y contribuciones especiales para la gestión integral de los residuos sólidos y también, como detalla la abogada Dania Heredia, el sector privado deberá asumir las responsabilidades derivadas de su rol.

La Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana (AMCHAMDR) conversó con Dania Heredia, abogada especialista en Derecho Corporativo, sobre la importancia de esta nueva legislación que regula los residuos sólidos. A continuación, compartimos 5 preguntas sobre los aspectos más trascendentales de esta ley.


1. ¿Qué cambia con la nueva ley 225-20 de Gestión de Residuos Sólidos?


Con la promulgación de la ley de Gestión Integral y Co-Procesamiento de Residuos Sólidos se corrige la dispersión jurídica que existía en materia ambiental, donde las leyes vinculadas a los residuos estaban obsoletas y las normativas se redactaron sobre la base de una buena intención que no se aplica. A nivel normativo, nos hemos puesto a la vanguardia de lo implementado por países que se han planteado resolver de forma definitiva el problema de los residuos sólidos a través de soluciones costo-eficientes y de largo plazo.


La Ley de Gestión Integral y Co-Procesamiento de Residuos Sólidos establece un régimen jurídico para fomentar la reducción, reutilización, el reciclaje, el aprovechamiento y valoración de los desechos, así como también regular los sistemas de recolección, transporte y barrido; los sitios de disposición final, estaciones de transferencia, centros de acopio y plantas de valorización de los residuos.


Entre los principios que trae la Ley está la pirámide para la jerarquía alternativa del aprovechamiento de residuos, que empieza con la reducción, sigue con el re-uso y reciclaje, el Co-procesamiento de los residuos; la valorización energética y su disposición final. Además, contempla la figura de la responsabilidad extendida del productor, importador y comercializador.


Podemos decir que la ley 225-20 está estructurada para cambiar comportamientos de consumo orientados a la reducción de la generación de desperdicios, la reutilización y reciclaje, la revalorización de lo que se pueda utilizar energéticamente y en última instancia desechar lo que no pueda ser aprovechado. En esta legislación se contempla también el cierre técnico de vertederos a cielo abierto para migrar a una tecnología más amigable.


Además, dentro de la ley se contempla que las empresas aporten una contribución especial para la gestión integral de los residuos sólidos, según el nivel de ingresos que tengan, y establece un régimen de incentivos y exoneraciones para las empresas.


2. ¿Qué criterios habrá para clasificar los residuos?


La ley contempla una diferenciación entre los tipos de Generador en función del peso bruto total de los residuos que genera: Hay un Microgenerador, que es quien la persona física o jurídica genera hasta cuatrocientos kilogramos en peso bruto total de residuos; el Pequeño Generador, definida como la persona física o moral que genera una cantidad igual o mayor a 400 kilogramos y menor a 10 toneladas; y el Gran Generador, que es la persona física o moral que genera una cantidad igual o superior a las 10 toneladas en peso bruto de los residuos.


En ese sentido establece tres tipos de residuos:

  • Los Sólidos Urbanos (Divididos entre los valorizables, que son los inorgánicos que tienen demanda en el mercado para su aprovechamiento; y los no valorizables, aquellos que no pueden ser aprovechados);

  • De Manejo especial (Derivados de productos prioritarios, que estén sujetos al principio de responsabilidad extendida, los generados en procesos productivos, que no son peligrosos y tienen características de gran volumen);

  • Peligrosos (Tienen características de corrosividad, reactividad, explosividad, toxicidad, inflamabilidad o son biológicamente infecciosos.

3. ¿En qué consiste el Plan de Responsabilidad Extendida del que se habla en la ley?


Este plan busca garantizar que los productores, importadores y comercializadores se responsabilicen del manejo correcto de los residuos en las fases post industrial y post consumo. Este mecanismo será aplicable a los residuos prioritarios, así como también los que establezca en su listado el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.


Con esta figura, los productores que asuman el cumplimiento de sus obligaciones de manera colectiva deberán realizarlo mediante la constitución o incorporación a una persona jurídica que no distribuya utilidades entre sus asociados, que será responsable ante a autoridad. Esta persona jurídica tendrá como fin exclusivo la gestión de los residuos de los productos prioritarios, que son: Aceites y lubricantes; pilas y baterías; neumáticos, plaguicidas, artículos eléctricos y electrónicos; envases y embalajes y foam.


Ahora se deben establecer los planes post consumo y determinar cómo serán reintroducidos estos residuos en la economía circular, reutilizados, recogidos e incorporados en una segunda fase de uso.


4. ¿Cuándo se comenzará a aplicar la legislación?


La Ley 225-20 fue publicada, pero aún falta que se apruebe el reglamento de aplicación, que deberá ser presentado, según el artículo 175 de la nueva legislación, en un plazo no mayor de seis meses por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, quien deberá enviarlo al Poder Ejecutivo para su aprobación y publicación como decreto.

Medio Ambiente deberá elaborar y aprobar los reglamentos técnicos necesarios en un plazo no mayor de dos años después de promulgada la ley.


5. ¿Qué rol jugará el sector privado en este contexto?


Al país le tomará un tiempo adaptarse a esta nueva legislación, por lo que entendemos que el sector privado debe jugar un rol activo y de acompañamiento con el Ministerio de Medio Ambiente tanto para la redacción y elaboración del reglamento como también para los procesos de educación a las empresas.


En especial, las asociaciones empresariales tienen un rol muy importante de concientización de sus miembros, por lo que deben contribuir para comunicar y educar a las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) cómo preparar sus negocios para cumplir con las disposiciones de esa legislación. Es importante que puedan proporcionar un seguimiento cercano a las Mipymes, a fin de que la regulación no encarezca las operaciones de estos negocios.


Debemos entender que el problema de los residuos no es solo del gobierno, ni de los ciudadanos o del sector privado, sino que es un asunto de todos.

Conoce a Dania Heredia

Dania Heredia se graduó como licenciada en Derecho por la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra y además obtuvo una Maestría en Administración de Negocios en el Barna Business School.


Además de ser miembro del Comité Legal de AMCHAMDR, Heredia se desempeña como Directora Legal de CEMEX, donde es responsable de las operaciones legales de la compañía en República Dominicana, Puerto Rico y Haití.


Heredia funge como Directora Legal de ECORED, una organización empresarial que agrupa a empresas orientadas a la conservación del medio ambiente y al desarrollo de políticas públicas y privadas en beneficio de la sustentabilidad ambiental y también se desempeña como miembro del Comité de Sostenibilidad de Adocem.


 

El Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) es la organización que agrupa a los principales  gremios empresariales y empresas del país. Su misión es promover el sistema de libre empresa, el fortalecimiento institucional, y la diversificación de la economía, impulsando la innovación y la ganancia de productividad. Además aboga por el desarrollo sostenible de la República Dominicana, a través de la acción responsable del sector empresarial.

La Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana (AMCHAMDR) es una asociación sin fines de lucro que fomenta un clima de comercio e inversión saludable entre la República Dominicana y los Estados Unidos, así como el desarrollo socioeconómico y profesional de sus más de sus 1,600 socios.

Está afiliada a la US Chamber of Commerce y es miembro fundador de la Asociación de Cámaras Americanas de Comercio en América Latina (AACCLA).

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